Un debate frustrado

Por: Orlando Carrascal Carvajalino
Cuando un Concejo Municipal analiza un proyecto de acuerdo mira 2 cosas: la legalidad y la conveniencia. El proyecto de Acuerdo No. 83 que autoriza el Alcalde para endeudar al Municipio por 20 años tiene un noble propósito: reposición de red de alcantarillado, cruces especiales del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, manijas de recolección de vertimientos, conducción y tratamiento de agua potable en Otarè, Buenavista y Pueblo Nuevo.

También se dice que se van a construir sistemas de tratamiento de aguas residuales, 1000 baterías sanitarias que valen estas $ 2.600 millones. Expansión de redes de aguas residuales en los barrios periféricos. Todo lo anterior vale $ 11 mil millones, según certificación del Secretario de vías, infraestructura y vivienda.

Otros soportes que presenta la alcaldía son 2 certificaciones, una firmada por Clemencia Figueroa y otra por Neil Alexis Jácome, ambas a nombre de la Secretaría del Consejo de Gobierno.

El proyecto de Acuerdo endeuda al municipio por 20 años y pignora el 50% de las transferencias con destino al rubro Agua Potable y Saneamiento Básico.

La plata la manejará una fiduciaria.

Según el concejal Felizola, el crédito es por $ 10.000 millones y las erogaciones anuales serian $ 460 millones.

Lo primero que diría es que todos los concejales, incluyendo cuando yo estuve, han sido generosos con los alcaldes. Para el Plan Maestro se han autorizado créditos desde el año 1992 y los resultados han sido pobres, pasando por sanciones y querellas laborales y contractuales. Llama la atención que un proyecto de tanta envergadura se presenta en sesiones extras donde el debate es escaso. Mínimo había que evaluar que ha pasado hacia atrás con tanta plata. Estamos en vísperas de un año electoral ante un alcalde al que le hemos perdido la credibilidad.

Por otra parte existe una circular conjunta de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General d la República. Auditoria General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que llama la atención a los gobiernos territoriales sobre la inconveniencia de comprometer las vigencias futuras e incluso pide a las corporaciones públicas derogar acuerdos y ordenanzas que violen esta circular; asi mismo le exige a los contralores que le adviertan a las autoridades sobre los riesgos de su desacato. Así que este Acuerdo debe ser puesto en conocimiento de los autores de la circular para fines de sus competencias.

Queda el sabor amargo que no hay un solo concejal que tenga la suficiente independencia para pedir un debate serio antes de someter al municipio a una hipoteca con resultados inciertos.

A nombre de la Liga del Consumidor agradezco la gestión de Damaris Picòn para incluir nuestra organización en el Consejo Municipal de Protección al Consumidor. Esperamos que el alcalde tenga voluntad política para ponerlo a funcionar.